Celaya, Guanajuato. – Una reciente revelación ha sacudido la administración municipal de Celaya, al acusarse a Luis Alejandro Montoya Orduño, director de Contabilidad, y a su supuesta esposa, Silvia Aidé Tirado Caracheo, de recibir contratos irregulares y apoyos sociales de diferentes dependencias, lo que ha generado demandas de investigación por parte de la oposición.
Contratos y apoyos: ¿favoritismo o irregularidades?
La controversia sería el resultado de una investigación divulgada por la página de Facebook llamada Fans Serpientes y Escaleras, que detalla que Tirado Caracheo fue contratada por tres dependencias: el Patronato de la Feria, el Instituto Municipal de Arte y Cultura y el Instituto Municipal de las Mujeres Celayenses. Estos contratos para servicios de asesoría contable, que sumarían un total de 29,600 pesos, han suscitado preocupación entre los ciudadanos y políticos locales.
Además, se muestra que el 30 de junio del año pasado, la Dirección de Desarrollo Social otorgó a Silvia Aidé un apoyo de 20,000 pesos para la inscripción y colegiaturas de su hija. Este hecho, junto con la presentación de una acta de matrimonio entre ambos, ha llevado a cuestionar la legalidad y ética de los contratos obtenidos y de la ayuda social recibida.
Demandas de transparencia y acción inmediata
A raíz de estas acusaciones, el presidente del Comité Directivo Municipal del PAN, Sergio Ruiz López, ha exigido la separación de Montoya Orduño de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes. En una conferencia de prensa, Ruiz López destacó que un posible acto de corrupción no debería ser una mera formalidad y exigió medidas contundentes para restablecer la confianza pública.
“Hemos notado un modus operandi que es la materialización de la incompetencia, que genera corrupción evidente”, expresó Ruiz, subrayando la necesidad urgente de un cambio en la administración.
Además, el regidor Carlos Ruiz León, presidente de la comisión de Contraloría, solicitó a la Contraloría Municipal y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) que analicen si las acciones de Montoya y su esposa constituyen violaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.
Reacciones desde el ayuntamiento
El alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez ha respondido a las acusaciones, asegurando que Silvia Aidé trabajó previamente para el Ecoforum durante la administración anterior, lo que sugiere que cualquier relación contractual existente puede tener un contexto más amplio.
“Los chismes, las intrigas y las verdades a medias cuando llegan las cuestiones electorales florecen más”, comentó el alcalde, defendiendo que no ha podido hablar con Montoya sobre el tema y que, debido a la supuesta separación, no puede tomar decisiones hasta tener una visión completa de la situación.
A pesar de esta explicación, Ramírez Sánchez enfatizó que si se identifican irregularidades, tomaría medidas para remover a Luis Alejandro Montoya de su puesto.
La comunidad exige responsabilidad
La comunidad de Celaya, así como actores políticos, están a la espera de cómo se desarrollará esta situación. La demanda de transparencia en el uso de recursos públicos se hace más fuerte a medida que los detalles de este caso emergen y la presión sobre la administración del municipio aumenta.
En un momento en que la confianza en las autoridades está siendo puesta a prueba, este escándalo de corrupción ha sacado a la luz cuestiones fundamentales sobre la ética en la gestión pública y el deber de los funcionarios de actuar con integridad. La sociedad civil mira expectante y exige respuestas claras e inmediatas.
Celaya se enfrenta a un momento decisivo en el que la transparencia y la rendición de cuentas son más esenciales que nunca.
