Celaya, Guanajuato.- La creciente ola de extorsiones que afecta a empresas constructoras en Celaya ha llevado a la paralización de al menos diez obras públicas, una situación que ha sido reconocida por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez. Ante esta problemática, se implementará vigilancia permanente para garantizar la reanudación de los trabajos.
Una problemática creciente
Las extorsiones contra las constructoras del Gobierno Municipal han tomado diferentes formas, con un número significativo de empresas que han sido víctimas de estas prácticas delictivas. Trágicamente, se ha confirmado que al menos cinco de las empresas contratadas por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Jumapa) también han sufrido extorsiones.
El alcalde Ramírez se mostró preocupado, comentando que esta situación no es nueva, sino que se repite anualmente, aunque este año se intensificó debido al aumento en el número de obras públicas. "Me dicen que hubo en estos días algunas que se detuvieron de vuelta… llegó una motocicleta con gente a decirles que ya estaban de acuerdo en qué tal fecha les tenían que dar un equis dinero.", relató el edil.
Medidas de seguridad reforzadas
Para intentar mitigar este problema, se ha decidido aumentar la seguridad en las obras, involucrando a la Guardia Nacional y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Se implementará vigilancia de 24 horas en las obras, especialmente aquellas que han sido más afectadas por las extorsiones, como las ubicadas en los sectores Jardines y San Miguel, que representan una inversión de alrededor de 30 millones de pesos.
"Vamos a meter gente, estaban dando rondines, pero parece que en algunos funcionó y en otros no. Ahora va a haber vigilancia permanente hasta terminar las obras", reiteró el alcalde Ramírez.
Apoyo del Gobierno del Estado
Además de las medidas de seguridad, el Gobierno del Estado está apoyando a las empresas afectadas, garantizando recursos para que puedan continuar con sus proyectos. Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno, aseguró que se están llevando a cabo investigaciones y detenciones relacionadas con estas extorsiones, incluso sin necesidad de que se presenten denuncias formales por parte de las empresas.
"Hemos tenido resultados importantes, sabemos que es difícil la denuncia por el temor que genera, pero la gobernadora ha pedido que sigamos interviniendo en estos casos", afirmó Jiménez Lona.
Impacto económico significativo
La paralización de las obras tiene repercusioneseconómicas que no se pueden ignorar. Jorge Gámez Campos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que el sector de la construcción es vital para la economía local, ya que afecta más de 32 cadenas industriales adicionales. "La suspensión de obras afecta la derrama económica y limita la ejecución de recursos y contratos en el municipio", lamentó.
Gámez hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas inmediatas y efectivas que garanticen la seguridad de las empresas y su personal. "No solo están afectando a grandes empresas, sino también a pequeños negocios y comerciantes que arriesgan mucho para hacer de Celaya una ciudad competitiva y productiva", añadió.
Un conflicto que se expande
La situación de extorsiones en Celaya se enmarca en un contexto más amplio donde el delito ha aumentado en todo el país. Según informes recientes, la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha logrado reducirse en México, registrando un aumento del 23.1% desde el inicio de las administraciones de la Cuarta Transformación.
La noticia es alarmante, ya que de julio a noviembre de este año se consumaron más de 10 mil extorsiones, poniendo de relieve la inevitable necesidad de gestionar protocolos de seguridad más robustos y eficientes.
Un llamado a la acción
Mientras las autoridades locales y estatales trabajan para contener esta problemática, la comunidad empresarial y los ciudadanos de Celaya claman por respuestas efectivas. Las extorsiones no solo afectan la ejecución de obras esenciales para la ciudad, sino que también deterioran la confianza pública en las instituciones responsables de proteger a los ciudadanos y promover el desarrollo económico.
Es fundamental que todos los sectores involucrados colaboren en la erradicación de esta preocupación y devuelvan la tranquilidad a la comunidad. Las obras públicas son un pilar para el crecimiento y bienestar de la ciudadanía, y su paralización en base a la extorsión es un desafío que no puede ser ignorado.
